Para evitar demoras en la solución de conflictos, cuando no se llega a un entendimiento, la función del mediador no da resultados y entra necesariamente Inspección educativa si el conflicto en concreto llega a expediente, Educación fija un máximo de 12 días para gestionar un problema de convivencia, conducta o acoso escolar. Apelando a la "autonomía" de acción de los centros y a los diferentes entornos en los que se ubican, teniendo en cuenta "que cada uno de ellos es quien mejor conoce sus circunstancias", la Xunta delega en los colegios la solución de posibles problemas conductuales.

Los propios colegios serán los encargados de elaborar su Plan de Convivencia, con medidas de formación, prevención y detección, así como actuaciones "reeducadoras y, en su caso, correctoras" cuando exista malestar, mal comportamiento o acoso. En el documento podrán incluir aspectos relacionados con el vestuario o el uso de teléfonos móviles (u otros dispositivos) en todo el recinto escolar. Según el conselleiro del ramo, Jesús Vázquez, que ayer presentó en el Gaiás el nuevo decreto que desarrolla la Ley de Convivencia y Participación (además de complementar el Protocolo de acoso escolar presentado en mayo), en cuanto a las previsiones de vestuario del alumnado: "los derechos de los ciudadanos están ahí". Aclaró que se trata de evitar problemas de "discriminación" por ser mujer y de que "nadie sea discriminado" por sus creencias.

Para el responsable de Educación, los centros y el profesorado son quienes "más cerca están del alumnado" y quienes conocen de primera mano "las necesidades" en relación al clima en el aula. Se trata de medidas, según Vázquez, que contribuyan "al buen clima dentro del aula". Las medidas deberán articularse en base a ese "enfoque ajustado a la realidad" que se vive en el centro y su entorno, "tras un diagnóstico previo".

Obligación de las familias

Educación facilitará a los centros documentos y modelos para la tramitación de procedimientos de corrección de conductas. El conselleiro hizo ayer hincapié en "agilizar" los procesos correctivos, en un "máximo de 12 días desde que se tiene conocimiento de los hechos", y garantizar la "protección de datos" y la "intimidad" de los menores.

"No hay culpables o malos o buenos, son situaciones que hay que trabajar", aclaró Vázquez, quien reiteró que este decreto busca dar "apoyo jurídico" y "legal" para que los centros puedan adoptar las decisiones oportunas respecto a casos de acoso o "grabaciones" con móviles en el aula, entre otros posibles.

El titular de Educación también aseguró que en Galicia no existe el mismo "problema" de acoso que en otras comunidades autónomas, dado que registra un nivel de incidencias "muy bajo". A pesar de ello, incidió en la necesidad de "poner todos los recursos" a su disposición para evitar casos de abuso por cuestiones idiomáticas, de género, o de identidad sexual. Para la consecución de estos objetivos, Educación llevará a cabo acciones de formación del profesorado, y cuenta también con los equipos de orientación y los directivos de los centros.

El nuevo decreto incide, además, en la obligación de padres y tutores de implicarse en la convivencia escolar. "Todos los miembros de la comunidad educativa son agentes responsables", destacó ayer Vázquez, quien apuntó que "tendrán obligación de participar y controlar el cumplimiento y la evaluación del plan del centro, como un compromiso compartido". Incluyendo a padres y tutores, el decreto identifica a los agentes "responsables de la convivencia": consello escolar, comisión de convivencia, claustro de profesores, equipo directivo, órganos de coordinación docente y el nuevo consello para la convivencia escolar de la comunidad autónoma.