La Asociación
Entre los derechos fundamentales que consagra el título primero dela Constitución Española se halla el de asociarse: así, en su artículo 22.1, “se reconoce el derecho de asociación” con los lógicos límites de la legalidad en sus fines y medios. La independencia, que implícitamente se atribuye a las asociaciones en su funcionamiento, no es incompatible con la publicidad de su existencia, para lo que se requiere su inscripción registral.
Por lo demás, en el título cuarto de la misma Carta Magna se abre una significativa puerta al efectivo papel de interlocución de las asociaciones en la vida pública: el artículo 105.a) proclama que la ley regulará “la audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten”.
Que los inspectores de educación, en su calidad de funcionarios públicos, se constituyan en asociaciones se funda, pues, en las previsiones de nuestra ley de leyes: el derecho constitucional de asociarse se orienta así a difundir la función social que los inspectores están llamados a desempeñar, a encauzar sus iniciativas en materia educativa y administrativa y, como es natural, a postular legítimamente sus aspiraciones y defender colectivamente sus derechos profesionales.
El desarrollo legal, constitucionalmente previsto conforme a lo anterior, llegó a España con la Ley Orgánica 1 de 2002, promulgada el 22 de marzo y reguladora del Derecho de Asociación. En su exposición de motivos se recogen estas bellas y rigurosas palabras: “las asociaciones permiten a los individuos reconocerse en sus convicciones, perseguir activamente sus ideales, cumplir tareas útiles, encontrar su puesto en la sociedad, hacerse oír, ejercer alguna influencia y provocar cambios”. Si a ello se une lo que, en el mismo lugar, se dice sobre la participación, habremos encontrado en la normativa primordial el firme cimiento de nuestros propósitos asociativos: en el marco legislativo del Estado como social y democrático de derecho, “uno de los instrumentos decisivos para que la participación [ciudadana] sea real y efectiva es la existencia de un asociacionismo vigoroso”, compatibilizando esto “con el respeto a la libertad asociativa y con la no injerencia en el funcionamiento interno” de las asociaciones, lógicamente referido a aquéllas que, como la nuestra, excluyen el lucro de sus fines básicos.
Asociaciones como ADIDE, surgidas para aglutinar los intereses y anhelos de un reducido pero prestigioso colectivo de funcionarios públicos, son ante todo, por inspiración inmediata y por cobertura normativa, agrupaciones de hondo aliento moral acerca de esa cosa pública que es la educación y su inspección por las instancias del Estado competentes para ello. Ajena tanto al corporativismo como a las opciones políticas partidarias que privadamente puedan protagonizar sus asociados, respetuosa con la actividad sindical pero manifiestamente autónoma respecto a ella, ADIDE CASTILLA Y LEÓN tiene su móvil primordial en los principios ético-cívicos de la responsabilidad profesional y el afán de participar de modo contributivo en la construcción de ese pilar básico de la vida social que es la educación como servicio público esencial. Ni sindicato ni colegio profesional, aunque capaz de convivir con una y otra cosa, la Asociación de Inspectores de Educación se constituye como el único colectivo inspirado, específica y singularizadamente, en el trabajo y las inquietudes de quienes tienen esa función cardinal dentro del sistema educativo español y regional.
Los fines de ADIDE CASTILLA Y LEÓN pueden consultarse en sus Estatutos. Cabe, no obstante, resumirlos en los siguientes, siempre girando en torno a la gran finalidad general de “la mejora profesional y técnica de la función inspectora educativa que realizan los inspectores e inspectoras de educación” de esta comunidad: contribuir a la formación, perfeccionamiento y actualización pedagógica de sus miembros; promover investigaciones innovadoras u organizativas en el campo educativo; pronunciarse sobre los problemas educativos de cada momento; organizar foros de estudio y trabajo en torno al servicio educativo que presta la propia inspección; promover y preservar el derecho a la educación desde valores solidarios, libres, tolerantes y no discriminatorios; representar y defender a sus asociados ante instituciones públicas o privadas; entablar vínculos con otras organizaciones de finalidades análogas.
Breve historia
Con el cambio que se produce en la educación española en la década de los 80 del siglo XX aparece, entre un grupo importante de inspectores que acababan de entrar a realizar la función inspectora, la necesidad de agruparse pues no se veían identificados en las organizaciones profesionales y sindicales de inspectores de educación existentes.
En 1990 se realiza una asamblea constituyente y se elige el primer presidente de la asociación, por aquel entonces de carácter nacional.
La organización empezó a tener relevancia en la defensa de los intereses profesionales (sustituyendo a veces la ausencia de los sindicatos en dicha representación) e impulsando muchos de los postulados que los nuevos vientos educativos de la reforma educativa estaban trayendo.
ADIDE comenzó siendo una única organización y agrupaba a todos los asociados de España para, posteriormente, convertirse en una organización federada (con las dificultades de gestión y organización que originó en un primer momento). Por suerte, pronto se pusieron en marcha procedimientos de colaboración y comunicación en red y de presencia en Internet.
ADIDE CASTILLA Y LEÓN se constituyó en el año 1993, momento en que aprobó sus estatutos fundacionales. En 2006, al objeto de adaptarlos a la Ley Orgánica 1/2002, los modificó en el congreso celebrado en Palencia. En 2012, con ocasión de la asamblea prevista en Segovia, se han propuesto algunas leves modificaciones.
Los asociados: Inspectores de Educación
Este colectivo lo forman funcionarios públicos de las distintas administraciones autonómicas, además de un pequeño número de homólogos del territorio gestionado por el Ministerio de Educación. En total, en España hay unos 1.600 inspectores –o, como en otros países se les denomina, supervisores-, siendo en Castilla y León 123 sus efectivos.
En Castilla y León, la región más extensa de la Europa comunitaria, la organización territorial de la inspección educativa es provincial, denominándose áreas de inspección, compartimentándose además por distritos de inspección con cierta homogeneidad geográfica, y se organiza con criterios jerárquicos, territoriales, de trabajo en equipo, internivelaridad y especialización,. Cada inspector tiene a su cargo centros de todos los niveles educativos preuniversitarios, debiendo articular su labor según lo dispuesto en los planes que anualmente promulga la Consejería competente. La distribución de centros se realiza cada cuatro o cinco años.
